Garoña, el PSOE y el desencanto antinuclear

El nuevo auge atómico impulsado por Francia y Reino Unido se extiende por Europa y ha condicionado la promesa electoral del PSOE de una transición energética hacia las energías renovables.

Terminar de liberalizar el sector sin afectar los intereses de las cuatro grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa e Hidrocantábrico- , era la verdadera tarea del gobierno. El contexto de baja actividad, caída del consumo eléctrico y desplome de los precios encubre la racionalidad pro-nuclear de l@s titulares del Ministerio de Industria, el Consejo Nacional de la Energía (CNE) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El primer indicio aparece en 2008. El Ministerio de Industria consiente un nuevo sistema de facturación mensual para “facilitar un mejor control del consumo” que encubre una revisión de tarifas y los incrementos superiores al 3,5% en el recibo de la luz. En enero de 2009 se añadió una revisión de tarifas y un recargo para consumos superiores a 500 KW/hora al mes.

El segundo indicio se hace patente en el segundo trimestre de 2009. El estado avala la emisión en los mercados financieros de 10.000 millones de euros para financiar el déficit producido por la diferencia entre costes de producción y los ingresos por tarifa eléctrica. Mediante este aval las eléctricas convierten en dinero lo que solo eran apuntes contables. A cambio dan imagen social, manteniendo tarifas reducidas hasta 2012 para los sectores más vulnerables económicamente (pensionistas de rentas mínimas, familias numerosas, hogares con todos los miembros en paro y potencias de menos de 3 KW contratadas en su residencia habitual).

La luz subirá para contener el déficit tarifario por debajo de los 3.500 millones de € como establece el R.D.L 6/2009 conocido como “bono social”, que regala a las eléctricas la comercialización de los derechos gratuitos de emisión por un valor que puede superar los 1000 millones de €. Las eléctricas ganarán dinero a través de la especulación financiera (titularización) y las subidas pactadas en la factura de la luz. El gobierno propicia dicho enriquecimiento y los consumidores lo soportan a través de los incrementos en sus facturas.

El tercer indicio es la concesión por el gobierno de una prorroga hasta 2013 para la central nuclear de Santa Maria de Garoña (Burgos). Esta prórroga sobrepasa en dos años el final de su vida útil (40 años en 2011) y modifica a la baja el dictamen previo no vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear. En este informe, los cinco consejeros, todos pro-nucleares (2 PP, 2 PSOE y 1 CIU) propusieron prolongar la vida útil de la central hasta 2019. Tomar esa decisión el 5 de junio, “día mundial del medio ambiente” refuerza el argumento de que la energía nuclear es “limpia y útil en la lucha contra el cambio climático”.

La Orden Ministerial que prorroga la actividad de Garona sólo hasta 2011, argumenta frente a las pretensiones del CSN que dicha planta supone un freno a la inversión en renovables y que su cierre disminuirá la emisión de dióxido de carbono. Con estos argumentos intenta desmontar el recurso de Nuclenor ante la Audiencia Nacional que solicitará, si gana, una indemnización por lucro cesante. La orden de cierre de Industria avisa a Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, de que no entorpezca el cierre, a la vez que le exime de realizar el informe de impacto ambiental prescrito por Medio Ambiente. Esta “facilidad” se apoya en la ambigüedad en la ley y en que se tarda dos años en realizar. Pero también admite que la vida útil de una central puede ser superior a la prevista al iniciar su funcionamiento, abriendo la puerta a futuras prorrogas.

El gobierno anuncia futuras modificaciones en la ley vigente de energía nuclear de 1964 y el debate parlamentario sobre la energía nuclear para este otoño a través de la “Perspectiva energética 2030”. Por un lado pretende frenar las criticas del ecologismo y, por otro, ser moneda de cambio ante la denuncia de Endesa e Iberdrola ante la Audiencia Nacional. Las eléctricas intentan presionar para seguir hasta 2019 o, en caso contrario, que el estado asuma los 500 millones de euros de supuestas pérdidas en 6 años. En el caso de la Central Nuclear de Zorita, única clausurada hasta el momento, Unión Fenosa demandó al gobierno ante los tribunales y posteriormente retiró la demanda tras pactar compensaciones con el gobierno del PP.

Unificar legalmente el concepto de vida útil (suele ser de 40 años) a la duración establecida en el momento del diseño de la planta, eliminaría futuras reclamaciones judiciales y posibles indemnizaciones. Si el parlamento avala la orden de cierre, basándose en esta unificación, dificultaría una decisión de la Audiencia Nacional favorable a las eléctricas y la posibilidad de que un gobierno del PP, a partir de 2012 maniobrara en el mismo sentido.

Felipe González firmó una moratoria nuclear por razones puramente económicas y no ideológicas. Aznar, firmó el cierre de Zorita en 2002 mediante un acuerdo con el apoyo del Consejo de Seguridad Nuclear y compensaciones económicas para Unión Fenosa. Zapatero no se decide a clausurar la Central Nuclear de Garona en el límite establecido y traspasa la decisión al gobierno que salga de las elecciones de 2012. Con ello pierde la primera, mejor y posiblemente única oportunidad para cerrar Garoña. Incumple el compromiso de “cierre progresivo de todas las centrales nucleares siempre y cuando se garantizase el suministro” adquirido en su discurso de investidura de 2004, reiterado el 16 de febrero de 2005 para celebrar la entrada en vigor del protocolo de Kyoto y ratificado en el debate de la nación de mayo de 2005.

Defender una cosa y su contraria, es habitual en este gobierno. En ausencia de un fuerte movimiento antinuclear, la frustración en los sectores sociales con sensibilidad ecologista, se transforma de nuevo en realidad.

Insistimos. ¿Nucleares? No gracias.