La democracia del consumidor

La figura central de la racionalidad eco­nómica es el empresario, pero también el consumidor. Ambos se postulan como protagonistas del progreso económico y civilizatorio.

Aparentemente, la economía otor­ga tanto poder al consumidor/a como al empresario/a: una empresa triunfa si sa­tisface, mejor que sus competidores, los deseos de sus clientes. Pero este principio no especifica que, por consumidor, la eco­nomía entiende un individuo con poder adquisitivo que satisface sus necesidades a través del mercado. El individuo que no tiene dinero, aunque tenga deseos y nece­sidades no es solvente y, para la economía, no existe. Aunque la gente se muera de hambre o frío, si estas necesidades no se expresan a través del dinero, no se pone en marcha el proceso productivo y labo­ral para atenderlas porque la economía de mercado no las reconoce como oportuni­dad de inversión.

Para la racionalidad económica ca­pitalista, dotar de agua potable, sanea­mientos, medios de producción agrícola o medicinas a una población que carece de recursos económicos, no es racional. Pero sí lo es el consumo de lujo o derrochar re­cursos públicos para el rescate de banque­ros y especuladores antisociales y presun­tamente criminales.

La economía mundial convierte en desechables a dos mil millones de per­sonas. El mercado global expresa la pu­trefacción de la racionalidad económica y de la democracia. Estados otrora colo­nialistas, avanzamos impetuosamente en la senda de la precariedad, la exclu­sión, la deuda externa y la intervención de la soberanía nacional por las institu­ciones internacionales del capitalismo.

En este contexto, el consumidor apa­rece como el individuo que reparte justi­cia premiando a los empresarios buenos y castigando a los malos. Ludwig von Mis­ses, padre del neoliberalismo y maestro de Hayeck, Thatcher, Reagan, Pinochet – y de gran parte de las políticas gubernamenta­les de la socialdemocracia internacional-, acuñó la noción de “democracia del con­sumidor” para fundamentar el poder eco­nómico, político y cultural de un individuo oportunista y calculador que hace posible el engarce de la economía de mercado y la sociedad de mercado a través de la dicta­dura parlamentaria de mercado.

La crítica a la racionalidad capitalista requiere la crítica teórica y práctica a la figura del consumidor. La escisión inte­rior del ciudadano que llena su carrito en la gran superficie con alimentos globaliza­dos, industrializados y nocivos, es el resu­men de su escisión como productor explo­tado y como consumidor “recompensado” por el capitalismo. Esta crítica contiene importantes consecuencias políticas, éti­cas y ecológicas para el imaginario de la izquierda.

El consumidor que construye la economía de mercado es un individuo que vive, sobre todo, para la apropiación y el uso de  bienes y servicios. Un sujeto sujetado por deseos irracionales que limita su horizonte vital a la producción y el consumo de mercancías. Un ser enajenado, ignorante de las cadenas que le atan tras la máscara de una enfática libertad, adoctrinado, adulado, asustado y lisiado psicológicamente. Su aparente fuerza procede del papel que ejecuta en la trama de traiciones que explican un hecho paradójico: la elección voluntaria de la esclavitud. La verdadera fuerza del consumidor no es el poder económico que se expresa a través de sus preferencias, sino su papel de quinta columna de la ideología burguesa en las masas trabajadoras. Por eso, la democracia de mercado es otorgada, consentida -mientras sigamos obedeciendo- y reversible.

La forma política del orden social de mercado es un régimen parlamentario de individuos satisfechos en su reducción a productores y consumidores de mercancías. Sobre estos individuos enajenados y sumisos se articulan y legitiman las democracias de mercado, ahora en una ciega carrera hacia la generalización de las catástrofes económi­cas, alimentarias, ecológicas y bélicas.

Cuando el ser humano se representa como un “elector racional”, el mercado aparece como la condición para satisfacer libremente sus deseos a través del dinero. Para los apologistas del mercado, quien critica el funcionamiento “espontáneo” de la economía y la “libre elección” del con­sumidor, introduce la lucha entre los in­dividuos que se relacionan pacíficamente a través del comercio. Pero la realidad es muy diferente: gracias al mercado crecen la desigualdad, la explotación y la guerra civil molecular de todos contra todos. Or­ganizar el mundo para las personas y la sociedad y no para los bancos y el estado, se califica por los defensores del mercado como ingeniería social, totalitarismo y una apuesta por el desorden.

La política como técnica tiene que ver con la administración del orden formal de la racionalidad económica. Esta política tecnocrática está basada en la seguridad de los individuos instalados que no desean ver obstaculizada su libertad de elección en el mercado. Por el contrario la política, desde la noción de un ser humano  social y complejo, tiene que ver con el orden mate­rial de las personas, las relaciones sociales y los límites de la naturaleza.

Pasar de la política que sostiene, contra viento y marea, un orden formal basado en el dinero a la política que construye un orden material integrador y sostenible, supone subordinar la segu­ridad de los instalados a la seguridad de tod@s, lo que implica limitar la libertad de decisión de mil millones de personas que disfrutan de un consumismo desbo­cado. Integrar a las mayorías excluidas en un orden austero y digno para tod@s, entra en contradicción con el estatus de las clases opulentas y de las amplias cla­ses medias de los países ricos, represen­tadas políticamente por la derecha y la izquierda institucional. Pero esta izquier­da no quiere ni oír hablar de este paso. Su coartada es invocar el desarrollo de las fuerzas productivas para que toda la humanidad se incluya en un orden des­piadado e insostenible.

La revolución, como recuperación de l@s excluid@s para un nuevo orden so­cial incluyente, no es un hecho caritativo sino un hecho político que pone la esta­bilidad de las mayorías por encima de los intereses de los beneficiados por la ra­cionalidad económica. Esta apuesta por la seguridad de tod@s requiere la fuerza de las mayorías, empezando porque l@s excluid@s se propongan algo más que incluirse, uno a uno, en el actual orden excluyente.