La institucionalización de lo ecológico

Si bien el movimiento ecologista nació con una clara vocación de denuncia del modelo económico capitalista y los daños medioambientales que el “desarrollo” estaba trayendo consigo, hoy somos testigos de cómo lo “ecológico” es reivindicado por las instancias de poder de las más diversas maneras (publicidad y marketing de multinacionales, campañas institucionales, leyes sostenibles…) Pero ¿cuál es el concepto de ecológico que se está manejando en estos discursos?

Para introducirnos en cómo este término ha ido siendo incorporado en los discursos de las instituciones y en las transformaciones en su significado que esto ha supuesto, haremos un breve repaso por los informes y conferencias internacionales sobre el medio ambiente que han tenido lugar en los últimos 40 años.

El primer informe en el que se muestra la preocupación política por la degradación medioambiental y por los riesgos que ésta pudiera tener para el funcionamiento del sistema es el conocido “Informe sobre los Límites del Crecimiento” de 1972. Este documento, encargado al MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) por el Club de Roma, advertía de la imposibilidad de mantener un crecimiento económico y demográfico exponencial en un planeta con unos recursos materiales limitados.

Ese mismo año se celebra en Estocolmo la primera conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente, y a partir de ahí, dentro de la retórica del desarrollo y el crecimiento económico, se vuelve habitual en los discursos públicos oficiales la apelación a la crisis medioambiental.

Pero los dos hitos más importantes que hemos de considerar en este proceso son el Informe Brundtland de 1987 y la Conferencia sobre el Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro en 1992.

Las medidas establecidas en la Conferencia de Río sirvieron tanto para legitimar la ideología del desarrollo como para reafirmar la idea de naturaleza como una mercancía al servicio del progreso humano. A partir de ellas se promulgaron una serie de normativas destinadas al control y la regulación medioambiental (a partir de ahora considerada como derecho humano) y a la creación de una serie de dispositivos técnicos y jurídicos encargados de su gestión. Lo medioambiental entendido como un riesgo legitimaba su normativización y control.

El Informe Brundtland es aquel en el que se acuña el hoy tan conocido término de “desarrollo sostenible”, concepto que se define como la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender a sus propias necesidades.

Si nos detenemos un momento a analizar esta noción nos damos cuenta de que, además de lo vago de su definición, este concepto es en sí mismo una contradicción. Desarrollo y sostenibilidad son dos principios opuestos, dado que el primero, entendido bajo la lógica capitalista, necesita un crecimiento económico exponencial basado en una explotación de recursos igualmente exponencial, mientras que la “sostenibilidad” reclamaría un sistema de producción contrario al capitalismo.

Sin embargo, el “desarrollo sostenible” descansa en la creencia de que el sistema sólo necesita pequeños ajustes de mercado para lograr un “desarrollo ecológico” y, al dar por sentado el complejo productivo capitalista y la economización de la naturaleza, elimina la idea de la necesidad de una transformación social total para alcanzar esa sostenibilidad ecológica.

A partir de entonces lo ecológico, como sinónimo de desarrollo sostenible, se introduce y normaliza en los discursos oficiales. Es decir, una vez vaciado de todo contenido crítico y potencialmente transformador, este concepto puede asumirse sin mayores problemas dentro de la ideología y la retórica capitalista.

Podríamos ir ahora un poco más allá y preguntarnos cuáles son los intereses que subyacen al fomento institucional de la sostenibilidad.

Las destrucciones provocadas por el “desarrollo” son de tal magnitud que requieren ya no sólo una gestión controlada de los medios de producción y de las fuerzas productivas sino también de los recursos naturales. Y lo que hasta ahora han sido consideradas como “externalidades” en la teoría económica se vuelven un claro problema para el funcionamiento del sistema, que ha de empezar a tener en cuenta los límites al crecimiento que le puede imponer la degradación medioambiental.

El Informe Stern de 2006 es paradigmático en este sentido. Éste, redactado por un economista británico ex miembro del Banco Mundial (Nicholas Stern), se centra en las posibles consecuencias del cambio climático para la economía mundial. En él se afirma que si no se toman las medidas adecuadas para mitigar los efectos del calentamiento global, la economía podría entrar en una etapa de recensión que podría alcanzar el 20% del PIB mundial. No pueden por tanto sorprendernos las declaraciones de ministro de hacienda británico sobre este documento: “podemos ser verdes y crecer al mismo tiempo. En realidad, si no somos verdes acabaremos minando el crecimiento”.

Parece entonces que, entre otras razones, la reconversión hacia formas de producción y hábitos de vida “sostenibles” es un requisito para la propia supervivencia del capitalismo.

En este contexto de intereses aparentemente coincidentes hay que ser muy cauteloso a la hora de abrazar mensajes y programas que, bajo un discurso de buenas intenciones, moralidad y conciencia medioambiental, están fomentando una concepción de lo ecológico que lejos de condenar a los culpables sólo sirve para legitimar el modelo económico y social vigente.

Fuentes

Beatriz Santamarina “Ecología y poder” (La Catarata)

Arturo Escobar “El desarrollo sostenible: diálogo de discursos” (Ecología política nº 9)

Miquel Amorós “Cuando el Capitalismo se vuelve ecologista”. (El rapto)