El fin de la moratoria europea de transgénicos ¿a quién beneficia?
El 19 de mayo de 2004, la Comisión Europea, con el consentimiento tácito de sus Estados Miembros, ha levantado una moratoria de facto que, en el 11 de junio de 1999, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE había acordado con el apoyo de 11 de sus 15 miembros. Esta moratoria impedía la introducción de nuevas autorizaciones de variedades transgénicas en la cadena alimentaria europea, y de hecho, limitaba su despliegue en el resto del mundo, que tomaban a la UE como un ejemplo.
La moratoria, muy discutida entonces, se hizo efectiva porque, ante una opinión pública europea mayoritariamente contraria a los transgénicos, ninguno de los Estados de la UE podía afirmar que la legislación vigente (Directiva 90/220 y Reglamento 258/97) era suficiente para garantizar el uso alimentario y el cultivo de las variedades transgénicas, tanto en relación a los protocolos exigidos para evaluar el riesgo sobre la salud y el medio ambiente, como en el seguimiento y trazabilidad de los alimentos o ingredientes transgénicos a lo largo de la cadena alimentaria. La legislación tampoco establecía medidas adecuadas para que los consumidores que así lo quisieran, pudieran evitar el consumo de alimentos transgénicos (no se exigía el etiquetado). Tampoco se daban garantías de que se pudiera evitar la contaminación accidental o intencionada a lo largo del proceso de producción, manipulación y transporte, que preocupa a consumidores, pero también a los agricultores y ganaderos.
Esta legislación ha sido modificada y el Comisario Europea de Protección de los Consumidores, David Byrne, afirma que ya es hora de levantar la moratoria porque “la legislación europea es la más estricta del mundo”. Aunque probablemente la afirmación sea cierta, no significa que la legislación actual proporcione las garantías suficientes para evitar los riesgos de contaminación ambiental y de inseguridad alimentaria. Tampoco supone que agricultores y consumidores, es decir, todos los ciudadanos, se sientan seguros ante las decisiones tomadas por los organismos políticos y científicos. El rechazo ciudadano al consumo de transgénicos sigue impedido porque no se etiquetan alimentos como huevos, leche, carne y los derivados de la producción ganadera alimentada con piensos transgénicos. Además, el levantamiento de la moratoria se ha realizado con la autorización de un maíz insecticida Bt11, en condiciones de dudosa legalidad, generando más incertidumbre que seguridad.
Si es seguro el procedimiento al que obliga la nueva legislación para autorizar y comercializar transgénicos, ¿por qué vacilan los Estados miembros ante la autorización del maíz dulce Bt 11? ¿Por qué han propiciado un empate (6 a favor, 6 en contra y 3 abstenciones), tanto en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y la Salud Animal (diciembre de 2003) como en el Consejo de Ministros de Agricultura (abril de 2004)?
¿Por qué la Comisión Europea (C.E.) sigue adelante con la autorización de este maíz a pesar del rechazo del Consejo belga de Seguridad Alimentaria (11/04/04), desoyendo las advertencias del informe de Gobierno austriaco sobre las insuficiencias y déficit en las pruebas “científicas” aportadas por Syngenta en su expediente del citado maíz, y obviando las negativas sucesivas (en el año 2000, en el 2003 y en abril de 2004) de la Autoridad Francesa de Seguridad Alimentaria ante la inexistencia de pruebas toxicológicas adecuadas para descartar el riesgo en la salud humana ante una ingestión prolongada de este maíz?
El ISIS (Instituto Científico Independiente del Reino Unido) califica esta decisión de ilegal y criminal. Ilegal, porque la autorización de este maíz incumple la legislación europea vigente que exige una estabilidad e uniformidad en los insertos transgénicos que no se dan en el caso del maíz Bt11, cuyo procedimiento se inició con la legislación anterior. Criminal, porque se basa en una secuencia ampliada del maíz Bt 176, asociado a la muerte de 12 vacas lecheras en Hesse (Alemania) y cuya autorización ha sido revocada por utilizar un marcador de resistencia a antibióticos que desaconseja la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, aunque se permite su comercialización hasta finales de 2004.
La decisión a favor de la autorización, adoptada por la C.E. al no obtenerse una mayoría suficiente de los Estados, plantea un déficit democrático, más grave aún con una opinión pública en contra. En este caso se suma además, la imposibilidad de participación en la decisión de los nuevos 10 Estados miembros, que no sólo no han podido votar en el Consejo de Ministros de Agricultura sino que, como reconoce David Byrne “en los nuevos Estados Miembros no ha tenido lugar un debate político sobre los Organismos Modificados Genéticamente”.
La C.E. tenía mucha prisa por mostrar a EEUU la buena voluntad de la UE en no poner trabas al comercio de semillas y alimentos transgénicos y tratar de conseguir, por cierto infructuosamente, la retirada del conflicto de controversia ante la OMC solicitado por EEUU, Argentina y Canadá en agosto pasado. Pero, ¿cuáles eran las razones del Gobierno del PSOE para cambiar el voto favorable del PP por una mera abstención en la reunión del Consejo de Agricultura?
Al no anteponer la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos, y con el apoyo de Italia, que pasó de abstenerse a votar a favor, ha facilitado que la Comisión Europea tuviera las manos libres y diera por finalizada la moratoria, intención que había anticipado en un comunicado de febrero de este año. Poca seguridad ciudadana permite una legislación que, además de ser insuficiente, no es aplicada por Gobiernos que, desoyendo advertencias fundadas y con autoridad científica sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente, prefieren someterse a las presiones de las multinacionales biotecnológicas, en lu
gar de defender como así les pide la ciudadanía, el derecho a la salud y al medio ambiente.
Gak de CAES,
Editorial de Boletín de Agricultura y Consumo Responsables, junio 2004