Inseguridad alimentaria, política y consumo.

Cuando tenemos problemas de salud, en lugar de recurrir a alimentos funcionales[1] a los que se les ha añadido propiedades que por sí solos no tenían, deberíamos elegir adecuadamente lo que comemos. Conviene evitar los alimentos sospechosos de contener grasas “trans”: comida basura, frituras de restaurantes, patatas fritas prefabricadas, galletitas saladas y dulces, bollería, pastelería y heladería industrial y platos precocinados. McDonalds, Coca-Cola y Burger King, ¡ni verlos!

Sin embargo, eso no basta porque la inseguridad alimentaria es un síntoma de relaciones sociales inseguras. Si enfocamos la salud alimentaria como algo individual, ésta se convierte en una cuestión privada. Su condición sería la libertad de decisión de los más informados y con mayor poder adquisitivo. Una población consumidora bien informada podría corregir las conductas desviadas de las empresas que se exceden para ganar dinero.

Este enfoque parte de un doble espejismo. Por un lado, supone ingenuamente que los consumidores solos podemos hacer que los empresarios se arrepientan al demostrarles que no estamos dispuestos a pagar por alimentos enfermantes. Por otro, olvida a ochocientos cincuenta millones de hambrientos sin capacidad para expresar su hambre en el mercado de alimentos.

La inseguridad alimentaria tiene su origen en el negocio que las multinacionales de la alimentación hacen con la comida basura y la alimentación industrial. Para defender este negocio, condicionan al resto de la actividad agroalimentaria, a todos los políticos y a toda la población. La producción y distribución de alimentos está en manos de las multinacionales cuyos beneficios se basan en el abaratamiento de los costes, la eliminación de competidores y la manipulación de una población abandonada a las leyes del mercado por los políticos.

Las consecuencias son la explotación de l@s trabajador@s y el daño a la salud de la naturaleza y de las personas. Estos desmanes se multiplican por las políticas globalizadoras que eliminan todos los obstáculos sociales, ecológicos y de protección a la salud pública que distorsionan las leyes del mercado. Para los políticos, que la alimentación industrial nos envenene es un daño colateral, un coste necesario del crecimiento económico y la modernización. Los gobiernos no impondrán medidas para evitar la inseguridad alimentaria si éstas constituyen un freno a la cuenta de resultados del negocio alimentario.

Los políticos que dicen defender la salud pública deberían intervenir poniendo límites al libertinaje de las empresas y anteponiendo la seguridad y soberanía alimentarias a la libertad de movimientos del capital. Los gobiernos “alterglobalizadores” aparentan preocuparse por la salud pública pero sin enfrentarse a la libertad de las empresas. La administración autoriza prácticamente todas las sustancias beneficiosas para el negocio, aunque sean perjudiciales para la salud. El problema no consiste en que algunas empresas se desvían de la conducta correcta porque la “norma” es la desviación, siempre que sea rentable.

Proponer códigos voluntarios de publicidad para que no promocionen raciones mayores o menores, está bien. Recomendar una dieta variada y saludable, es correcto. Pero inculcarnos que el problema no está en el exceso de libertad de producción y distribución de ciertos alimentos por ciertas empresas sino en nuestra mala educación, es una trampa. Algunas estrategias positivas desvían la atención del verdadero problema. Al concebir falsas esperanzas sobre la responsabilidad social corporativa de las grandes empresas, permiten al negocio alimentario disfrazar su comida basura con publicidad engañosa. El único camino es la organización de los consumidores para adquirir cultura alimentaria y social, modificar las propias pautas de alimentación, castigar los abusos de las multinacionales y obligar a los políticos a apoyarnos en nuestras demandas.

Nota:
[1] Son los nuevos alimentos que se enriquecen artificialmente con algunas propiedades que no tenían de por sí o bien que el fabricante añade en cantidad superior a la habitual. Es el caso de las leches, enriquecidas con calcio, con ácidos grasos omega 3, etc. Algunos profesionales señalan que no siempre están probadas las propiedades que se atribuyen a estos “añadidos” que funcionan más bien como un reclamo. Todo menos abordar el problema de reducir el consumo de alimentos perjudiciales que hoy sobrepasamos ampliamente en nuestra dieta.