Por la salud y la soberanía alimentaria en Argentina

17 de abril de 2011 Día de las luchas campesinas

Una buena noticia llega desde Argentina: tras dos años de disputa con los testaferros del agronegocio de la soja, la justicia había dado la razón a Viviana Peralta de la población de Urquiza, a las afueras de San Jorge, ciudad de 25.000 habitantes en la provincia de Santa Fe (Argentina). El Juez Tristán Martínez resolvía, el 21 de febrero de 2011, mantener la prohibición emitida en 2009, de fumigar a menos de 800 metros de viviendas –si era fumigación terrestreo 1500 metros –si se trataba de fumigación aérea-.

Viviana inició la demanda para proteger a su hija Ailen que, a los 5 días de nacer, sufrió la primera intoxicación por los agrotóxicos que fumigan los productores de soja. Cada fumigación, la niña sufría ahogos y era sometida a un cóctel de medicamentos para poder respirar. Apoyada por sus vecinos, Viviana presentó en marzo de 2009 un recurso de amparo ante el juez para que priorizara la salud de los niños sobre el negocio de la soja.

La demanda de Viviana llega décadas después de que los médicos de las zonas sojeras asistan a un envenenamiento masivo de la población sin que las autoridades hagan nada para evitarlo; un año más tarde de la publicación de las investigaciones de Carrasco demostrando malformaciones genéticas en anfibios producidas por glifosato en dosis inferiores a las autorizadas y tras varios años de movilización social por la Campaña “Paren de Fumigar” que documenta, con las pruebas aportadas por las víctimas, el genocidio provocado por el monocultivo de soja transgénica en Argentina.

En primera instancia, el juez Tristán Martínez, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral nº 11, ordenó suspender las fumigaciones cerca de la zona urbana. Pero el Ministerio de Producción (Agricultura), junto a la Municipalidad y el gobierno provincial, se pusieron del lado de los productores sojeros y recurrieron la medida.

En diciembre de 2009, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala 2) de Santa Fe mantuvo la prohibición, invocando el principio de precaución de la Ley General de Medio Ambiente e invirtió la carga de la prueba ordenando al gobierno de Santa Fe –en particular a los Ministerios de Producción y Salud- que demuestren, con la intervención de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Tras esos informes, el juzgado de primera instancia decidiría si levantaba o mantenía la medida. La reciente resolución favorable a Viviana se basa en:

  1. La ausencia de informe por parte del Ministerio de Producción –que el juez toma como indicio de que no pueden probar la inocuidad de las fumigaciones-,
  2. El informe de la Universidad Nacional del Litoral que “no plantea con grado alguno convicción que sea conveniente continuar con las fumigaciones, sino todo lo contrario” y,
  3. El informe de Salud que reconoce que, con el cese de fumigaciones, se han reducido las afecciones de la población.

 

Si bien no confirma de forma contundente esta conexión, la plantea como una hipótesis “bastante plausible” y, por tanto el juez, en aplicación del principio de precaución, decide mantener la medida.

Esta sentencia fue celebrada por los defensores de la salud y el medio ambiente, incluidos medios de comunicación, porque sentaba jurisprudencia para impedir que se continuara fumigando en las inmediaciones de la población de San Jorge. Otras 300 poblaciones que, como el barrio de Urquiza, están en zonas sojeras se animaban a iniciar demandas similares. Es una buena noticia, pero el Grupo de Reflexión Rural nos pone los pies en la tierra. La sentencia sólo obliga a los dos propietarios de las fincas colindantes a la casa de Viviana: Gaillard y Durando Facino. “La condena alcanza tan solo a los campos de propiedad de los mencionados y en la distancia que se indica, tal como lo solicitaran los amparistas y no como algunos suponen, a todo el radio de la ciudad de San Jorge o del Barrio Urquiza … va siendo hora que los jueces de la Corte, junto a todos los ciudadanos del país de los argentinos, comencemos a preguntarnos ¿cuánto veneno estamos dispuestos a seguir llevando en la sangre?”.

Por un lado, la sentencia no es para toda la población sino para los demandantes y aunque “consideramos absolutamente positivo que las víctimas se defiendan en la forma en que mejor les sea posible, y por ello estamos contentos por la familia Peralta, a quienes expresamos nuestro respeto y apoyo por defenderse contra las agresiones, pero como GRR no podemos a la vez, dejar de pensar y de luchar por todos aquellos que viven más allá de los 1.500 metros y denunciar las consecuencias que este tipo de acciones tendrían si se instalan como políticas o como objetivos más o menos excluyentes de las luchas, por parte de las organizaciones.”

El problema del modelo agronómico de la soja transgénica no se puede reducir a la distancia recomendable de fumigación del glifosato porque fragmenta las luchas y desvía del principal objetivo: “tampoco apoyamos luchas parciales, campo por campo, que minimizan y fragmentan las luchas en medio de un mar de soja de más de 20 millones de hectáreas, a no ser que esas luchas, sean como en tantas localidades, las defensas puntuales por parte de las propias víctimas, en resguardo de sus vidas, pero nunca como acciones o propuestas políticas a generalizarse. Pensemos en que no debemos dar batallas para “controlar las fumigaciones”, de lo contrario no hubiésemos acuñado jamás la consigna “Paren de Fumigar”, que en realidad siempre encerró una crítica profunda a un modelo, más bien nos hubiese quedado más cómoda alguna consigna como “Fumiguen lejos de las ciudades o dejen de fumigarnos a nosotros” y esto no es una simple ironía, se trata de no legitimar con nuestras acciones los designios de las Corporaciones. Pretender instalar este tipo de acciones en defensa de lo urbano y como luchas políticas es una insensatez que demuestra que las mismas son pensadas en el mejor de los casos, por ciudadanos que no conocen la vida rural ni la propia historia de la Argentina. Seguir por este camino nos condena a dejar de luchar por repoblar el campo o pretender conservar las tradiciones de nuestros pueblos mestizos; en definitiva, a que renunciemos a cambiar el futuro de nuestra América y el objetivo de conseguir la Soberanía Alimentaria.”

Compartimos la preocupación del Grupo de Reflexión Rural. La lucha contra la soja transgénica no puede reducirse a delimitar el campo de fumigación de glifosato para que pueda disfrazarse de “soja responsable”. Es necesario, además cuestionar el modelo global de producción, distribución y consumo de alimentos que, además de envenenar a la población, expulsa de sus tierras a millones de campesinos engrosando los barrios de miseria y el asistencialismo de las ONGs. Nuestra contribución a la defensa de la salud y la soberanía alimentaria en Argentina exige, más que nunca, la prohibición de la importación de transgénicos para la producción de piensos y agrocombustibles.

No puede haber soberanía alimentaria ni lucha campesina a costa de la salud y las condiciones de vida de otros pueblos. Nuestra bandera en el próximo 17 de abril, día de las luchas campesinas debe ser:

TRANSGÉNICOS, NO, NO Y NO
NI PRODUCIDOS, NI CONSUMIDOS, NI IMPORTADOS
PROHIBICIÓN TOTAL

El documento completo de “El fallo de San Jorge”, del Grupo de Reflexión Rural:
San Jorge: Una decisión judicial que nos invita a profundizar la reflexión sobre el despoblamiento de nuestro territorio.