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El pasado 19 de diciembre de 2013, el Colectivo Soleares presentó el proyecto de investigación “Más allá de los desalojos forzosos” que pretende documentar todas las violaciones de Derechos Humanos que se han venido produciendo, a lo largo de los últimos años, como consecuencia de los derribos y en otras esferas en la Cañada Real Galiana.
Javier Rubio, abogado del CAES, presentó las últimas novedades y resoluciones judiciales respecto a los procedimientos contenciosos administrativos instados en tribunales de Madrid, Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, hizo un recorrido jurídico de tres casos paradigmáticos de la Cañada Real:
Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid ha dictado reciente resolución en la que reconoce el derecho a la previa legalización de la construcción desde la entrada en vigor de la Ley 2/2011, de la Cañada Real.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acordó, en enero de 2013, una medida cautelar sobre el inminente derribo hasta que no se garantizara, por parte de las Administraciones Públicas, una alternativa habitacional adecuada.
En noviembre de 2013, El Tribunal Constitucional desestimó, con tres votos a favor y dos en contra, la vulneración del Derecho Fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art. 18 CE). Sin embargo, lejos de suponer una derrota, la resolución ha de entenderse en términos positivos, dado que el Alto Tribunal, por una parte, habla por primera vez de la problemática existente en Cañada Real y por otra, dos de los cinco ponentes elaboran una explicación de su voto aportando elementos suficientes para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ambas intervenciones pusieron de manifiesto la necesidad de continuar la recopilación de documentación y análisis de casos que se han sucedido en Cañada Real. En el debate posterior, las abundantes intervenciones ante un auditorio de 50 vecin@s de la Cañada Real, insistieron en la necesidad de continuar la batalla judicial frente a la impunidad de las Administraciones, con el objeto de reparar las vulneraciones sistemáticas de los Derechos Humanos ignoradas hasta ahora, restablecer la justicia y resarcir a las víctimas de la arbitrariedad de las distintas administraciones. Todo ello mediante la reactivación de la movilización vecinal de la población residente que ya ha conseguido la elaboración de una ley cuya aplicación está en debate, la paralización casi completa de los derribos y el reconocimiento de las razones de la mayoría de l@s vecin@s a través de sentencias judiciales como las citadas y las que vendrán.
Alejandra Jacinto y Andrea Carrasco, abogadas de la PAH
El día 13 de junio, al mismo tiempo que se celebra
Organizadas por la Cátedra de Cooperación de la Un
Organizado por Rostoll Verd, grupo de consumo agro